La ley denominada 'Marcelo Quiroga Santa Cruz' establece un marco legal robusto para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito en Bolivia. Se crean diversas entidades encargadas de esta lucha, incluyendo el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, y la Unidad de Investigaciones Financieras.